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Mi primer cole, el precio de aprender

 

Al parecer, el origen de estos argumentos pseudocientíficos estaría en el francés René Quinton, que a finales del siglo XIX y principios del XX experimentó con mezclas de agua marina y agua destilada llegando a desarrollar un suero inyectable que al principio tuvo buena acogida y que más tarde se prohibió porque tenía más contraindicaciones que beneficios.
Realizado con el patrocinio de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Extremadura
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Mi primer cole, el precio de aprender

30/08/2019 | Unión de Consumidores de Extremadura

 

 

Cuando un bebé llega a nuestra casa, todo es alegría e ilusión. Poco a poco, la vida de esa familia va retomando la normalidad y es entonces cuando nos planteamos la necesidad de matricular a nuestro hijo en alguna guardería para volver a nuestra actividad laboral o, simplemente, para que inicie su andadura en el ámbito escolar y que comience a entablar sus primeras relaciones sociales. Y no es una elección sencilla.

En nuestra Comunidad Autónoma existen alrededor de 200 Escuelas Infantiles de titularidad municipal, y otras 40 de titularidad autonómica. En principio, todas ellas debe respetar los requisitos exigidos por la norma que los regula, siendo especialmente importantes los referidos a las instalaciones y al personal que las atiende.

Estudios, estudiosos e instituciones de todo tipo insisten desde hace muchos años en la importancia de esta etapa desde el punto de vista social —para la conciliación, la economía y, al final, la natalidad, que en España es de las más bajas de Europa— y el educativo —sobre todo, para corregir desigualdades de partida de sectores menos favorecidos que después son mucho más caras de compensar—. Pero la cobertura no está garantizada: la escuela infantil para menores de tres años no es obligatoria ni gratuita, tampoco en las escuelas públicas.

El Gobierno central impulsó en 2008 un plan que preveía crear 300.000 plazas, que era la oferta desatendida que se calculó entonces. Pero a mitad de camino llegaron los recortes —aquel plan se eliminó cuando se habían creado solo 71.000 puestos— y las subidas de precios en buena parte de España, que expulsaron a muchas familias que no lo podían asumir. De hecho, de acuerdo con las cifras de matriculación de alumnos de menos de tres años de Eurostat en febrero de 2017, en España esta franja de edad cuenta con una escolarización del 20,6%, por encima de la media de los 27 (15,7%) pero muy por debajo de países como Dinamarca (69,6%), Noruega (45,7%) o el vecino Portugal (42,9%). De este modo, se incumple la meta marcada por la Unión Europea para 2010, en la que se aspiraba a conseguir una tasa de escolarización del 33% para niños menores de tres años.

Según los expertos, una de las claves para esa escasa escolarización la encontramos en la escasez de escuelas infantiles o guarderías públicas, además de en el coste que estas tienen en muchas ocasiones y lo extraño que resulta alguno de los aspectos del baremos de puntos que, finalmente, decide quién puede ocupar una de estas plazas públicas. Por ejemplo, que ambos progenitores estén trabajando a jornada completa, supone en Extremadura que tenemos, de forma automática, 15 puntos, frente a los 8 si trabajan a tiempo parcial, o los 10 si uno de ellos está en situación de desempleo. Con el aumento del paro en los últimos años, se supone que más padres y madres pueden quedarse en casa cuidando de sus hijos; en la mayoría de las escuelas públicas, resta puntos a la hora de conseguir una plaza que alguno de los padres no trabaje. Esta medida puede resultar lógica en principio —si se mira solo desde el punto de vista de la conciliación de la vida familiar y laboral y no del educativo, claro—, pero provoca situaciones perversas, en las que el cuidado de los niños dificulta la búsqueda de trabajo e, incluso, empuja a rechazar ofertas. Es cierto que en Extremadura, además, se otorga puntuación en función de la renta, y que, en teoría, quienes están trabajando a jornada completa recibirán menos puntos que quienes lo hagan a tiempo parcial, pero parece un contrasentido que quienes más posibilidades económicas están disfrutando, pues trabajan más horas y, en consecuencia, cobrarán más, gocen de preferencia frente a quienes lo hacen sólo parte de la jornada.

Así las cosas, podemos pensar que tendremos suerte si conseguimos alguna de las muy cotizadas plazas en escuelas públicas. Pero, independientemente de ello, el éxito podrá ser o no un verdadero esfuerzo para los padres dependiendo de su lugar de residencia. Como no podía ser de otra manera, aquellas que son de titularidad autonómica cobran una tasa fija idéntica entre todas ellas de 210,47 euros mensuales; no obstante, es posible acceder a múltiples bonificaciones e incluso exenciones que pueden rebajar de forma muy significativa esa tasa.

El verdadero problema aparece cuando nos decantamos por una escuela infantil municipal. Como establecimiento público, debe reunir los mismos requisitos antes expuestos sobre personal y características constructivas y de servicio del centro. Por eso, resulta inexplicable que existan semejantes diferencias en las tasas que cobran uno u otros municipios y que no en todos se apliquen bonificaciones, por ejemplo, para familias numerosas o que estén en peores condiciones económicas.

En primer lugar, debemos recordar que la tasa de guardería o escuela infantil está fijada por cada ayuntamiento, igual que la del uso de instalaciones deportivas o la grúa que retira los vehículos. Y, además, no existe ninguna horquilla o baremo para fijarla, ni obligación de establecer bonificaciones o exenciones en ningún caso. Y esa es la primera dificultad, pues muchos de los 200 ayuntamientos donde existen estas guarderías no publican sus tasas en sus páginas web, por lo que los padres deben llamar al consistorio o al propio centro para saber cuánto les costará o las bonificaciones a las que puedan tener derecho. Creemos fundamental mejorar la transparencia en cuestiones tan importantes como las tasas que nos cobran nuestros ayuntamientos por los servicios que nos presta.

Entrando ya en el fondo del asunto, el importe de las tasas, Zafra ostenta el dudoso honor de cobrar la más alta de las estudiadas para este informe. Esos 139 euros mensuales no contemplan ningún tipo de rebaja para, por ejemplo, familias numerosas o personas en situación económica especialmente delicada. Es cierto que Plasencia o Mérida tienen una tasa general más elevada (195,10 y 155,22 euros mensuales respectivamente), pero el catálogo de bonificaciones aplicables en función de la renta del solicitante las rebaja de forma muy notable, hasta convertir a la de la capital del Jerte en la segunda más baja de nuestro estudio, sólo por detrás de Cañaveral.

Entendemos que prestar este servicio tiene un coste, y que quien se beneficia del mismo debe pagar por él; pero no establecer ayudas o bonificaciones para quienes no tienen la posibilidad de matricular a sus hijos en centros privados es, desde nuestro punto de vista, una dejación de las funciones que las administraciones públicas deben cumplir.

Claro que no todos los ayuntamientos prevén bonificar la cuota; pero, además de Zafra, sólo lo hacen Cañaveral y Hornachos. Eso sí, con un importe de 25,00 y 30,00 euros mensuales respectivamente, lo que hace casi imposible que alguien no pueda acceder a ese servicio.

En definitiva, creemos que todos los ayuntamientos deberían establecer bonificaciones y exenciones en servicios tan básicos y esenciales para sus vecinos como las guarderías o escuelas infantiles. Si queremos erradicar el problema que supone la falta de natalidad, debemos facilitar al máximo la tarea a los padres, y contar con un número suficiente de plazas para escolarizar a los más pequeños a un precio que todos puedan pagar, es un paso fundamental para lograr ese objetivo.

 

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